Por Editorial La Nación
El ministro de Educación, Joaquín Lavín, ha informado que a partir del proceso de admisión 2011, el Estado financiará los estudios de los estudiantes que ingresen a pedagogías a partir de los 600 puntos ponderados en la PSU. A los jóvenes que lo hagan con más de 700 puntos se les entregará, además, un bono de libre disposición de 80 mil pesos, mientras los que se ubiquen por encima de los 720 puntos tendrán como plus un semestre de pasantía en el extranjero.
La contraprestación para quienes se incorporen a este programa será que una vez egresados trabajen un mínimo de tres años en planteles municipales o subvencionados (razonablemente, algunos expertos en educación han sugerido ya que se trate de establecimientos situados en zonas vulnerables, para hacer más socialmente rentable la inversión estatal). A su vez, las casas de estudios superiores deberán estar acreditadas y haber fijado un puntaje de corte de 500. La medida propuesta por Lavín -que ya tiene algunos antecedentes y experiencias en la cartera de Educación- ha sido favorablemente acogida por todos los actores vinculados al problema de la enseñanza en Chile; en particular destaca el respaldo del Colegio de Profesores, a pesar de sus matices en otras áreas.
Desde luego, el campo de debate se ha abierto en torno a cómo el modelo se inscribe en una política sistémica de fortalecimiento de las capacidades de los maestros. En este contexto, el secretario de Estado ha postulado que el mecanismo apunta a reubicar la profesión docente en el núcleo del proceso formativo.
Las principales observaciones que se han levantado no cuestionan en absoluto la iniciativa anunciada por el gobierno, aunque sí subrayan la necesidad de que sea complementada con otras disposiciones. En esta línea, se postula recalificar la profesión, modificar el Estatuto Docente, mejorar los currículos de la carrera pedagógica, perfeccionar el sistema de acreditación de las universidades y -por sobre todo- incrementar los salarios de los profesores y crear condiciones más atractivas para la jubilación de éstos y así estimular el recambio de trabajadores y su perfeccionamiento continuo.
De acuerdo con cifras ministeriales, el año pasado se matricularon 15 mil jóvenes en pedagogía y de ellos sólo 600 lo hicieron con un rendimiento sobre 600 puntos, es decir, la incidencia es inferior a 5% del total. Educación espera que el salto en la captura de buenos puntajes sea en torno a 30%. Se trata de un objetivo ambicioso: la media de ingreso en las universidades tradicionales alcanza a 550 puntos y en las privadas e institutos profesionales a 480; según antecedentes del CSE, en 2008 hubo instituciones de este último sector que recibieron alumnos con apenas 320 puntos.
Los números resultan reveladores de un déficit de capital cultural entre quienes cursan pedagogías y existe un margen de dudas respecto de si los planteles terciarios están compensando esas carencias con buenos programas de nivelación. De hecho, esta realidad interpela a las universidades, en particular a la oferta privada. Con todo, hay consenso en que la política definida por el Ejecutivo es un aporte a la calidad del personal docente.
La contraprestación para quienes se incorporen a este programa será que una vez egresados trabajen un mínimo de tres años en planteles municipales o subvencionados (razonablemente, algunos expertos en educación han sugerido ya que se trate de establecimientos situados en zonas vulnerables, para hacer más socialmente rentable la inversión estatal). A su vez, las casas de estudios superiores deberán estar acreditadas y haber fijado un puntaje de corte de 500. La medida propuesta por Lavín -que ya tiene algunos antecedentes y experiencias en la cartera de Educación- ha sido favorablemente acogida por todos los actores vinculados al problema de la enseñanza en Chile; en particular destaca el respaldo del Colegio de Profesores, a pesar de sus matices en otras áreas.
Desde luego, el campo de debate se ha abierto en torno a cómo el modelo se inscribe en una política sistémica de fortalecimiento de las capacidades de los maestros. En este contexto, el secretario de Estado ha postulado que el mecanismo apunta a reubicar la profesión docente en el núcleo del proceso formativo.
Las principales observaciones que se han levantado no cuestionan en absoluto la iniciativa anunciada por el gobierno, aunque sí subrayan la necesidad de que sea complementada con otras disposiciones. En esta línea, se postula recalificar la profesión, modificar el Estatuto Docente, mejorar los currículos de la carrera pedagógica, perfeccionar el sistema de acreditación de las universidades y -por sobre todo- incrementar los salarios de los profesores y crear condiciones más atractivas para la jubilación de éstos y así estimular el recambio de trabajadores y su perfeccionamiento continuo.
De acuerdo con cifras ministeriales, el año pasado se matricularon 15 mil jóvenes en pedagogía y de ellos sólo 600 lo hicieron con un rendimiento sobre 600 puntos, es decir, la incidencia es inferior a 5% del total. Educación espera que el salto en la captura de buenos puntajes sea en torno a 30%. Se trata de un objetivo ambicioso: la media de ingreso en las universidades tradicionales alcanza a 550 puntos y en las privadas e institutos profesionales a 480; según antecedentes del CSE, en 2008 hubo instituciones de este último sector que recibieron alumnos con apenas 320 puntos.
Los números resultan reveladores de un déficit de capital cultural entre quienes cursan pedagogías y existe un margen de dudas respecto de si los planteles terciarios están compensando esas carencias con buenos programas de nivelación. De hecho, esta realidad interpela a las universidades, en particular a la oferta privada. Con todo, hay consenso en que la política definida por el Ejecutivo es un aporte a la calidad del personal docente.
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